Nuremberg

 

El juicio de Nuremberg marcó un antes y un después: por primera vez, el mundo decidió que ciertos crímenes no podían quedar encerrados entre las fronteras de un Estado, ni ocultos tras la coartada de la soberanía nacional. Hasta entonces, sólo los países juzgaban a sus propios ciudadanos; después de Nuremberg, los crímenes de lesa humanidad quedaron grabados como delitos contra todos, cometidos sobre territorios y poblaciones que ya no eran sólo “de alguien”, sino de la Humanidad completa.

Por eso los jerarcas nazis se convirtieron en los primeros criminales en sentarse formalmente ante un tribunal internacional, mientras otras figuras históricas –como el rey Leopoldo II de Bélgica, nunca juzgado por el genocidio en el Congo que trató como propiedad privada– quedaban en un inquietante contraste que la película deja resonar en silencio. La cámara en este caso nos recuerda que el Derecho llega tarde y a veces elige a quién alcanza.

En ese escenario, Hermann Göring aparece como el gran acusado: el número dos de facto del régimen, obligado a responder por el patrimonio de horror que Hitler, Himmler y Goebbels habían evitado confrontar tras sus suicidios en el búnker. Ni su astucia, ni su carisma sombrío, ni su dominio de la palabra le bastan para esquivar la condena a muerte que el tribunal dicta sobre él y sobre buena parte de la cúpula nazi, con penas que van desde la horca hasta la cadena perpetua.

La película subraya con detalle algo que también fue crucial en el proceso real: la necesidad de que el juicio fuera visto como legítimo, no como una simple venganza de los vencedores. Los jueces de Estados Unidos, la Unión Soviética, Francia y el Reino Unido actúan con la sombra del Tratado de Versalles sobre los hombros: saben que la humillación y las reparaciones desproporcionadas alimentaron la crisis económica, la inflación y el resentimiento que alumbraron el Tercer Reich y, con él, el genocidio judío y la Segunda Guerra Mundial.

En medio de esa maquinaria jurídica, la película coloca bajo el foco a uno de sus personajes más inquietantes: el psiquiatra norteamericano, encargado de evaluar si los acusados eran o no imputables. Sus informes concluyen que todos ellos estaban perfectamente cuerdos, que no se trataba de locos peligrosos ni de enfermos mentales, sino de hombres normales que habían cometido el mal en un contexto que para ellos legitimaba sus actos.

Ahí la película se funde casi sin costuras con la reflexión de Hannah Arendt sobre la banalidad del mal. Millones de ciudadanos corrientes se afiliaron al partido nazi, muchos conocieron –en mayor o menor grado– las atrocidades que se estaban cometiendo y, sin embargo, aprendieron a considerarlas aceptables, parte de un deber burocrático, de una tarea profesional o de una obediencia patriótica.

El eco del proceso a Adolf Eichmann, secuestrado en Argentina y juzgado en Jerusalén, atraviesa también el las entretelas de la película. Eichmann, convencido hasta el final de que se limitaba a cumplir con su deber como buen ciudadano alemán, encarna ese rostro gris del mal que ya no necesita monstruos excepcionales, sólo funcionarios diligentes y una estructura que normalice la crueldad.

La película no se limita a reconstruir un episodio histórico; lo proyecta hacia el presente como una advertencia incómoda. En un tiempo en que el Derecho internacional intenta afianzarse mientras vuelven a asomar la limpieza étnica, el ataque deliberado a civiles y el bloqueo humanitario, el recuerdo de Núremberg interpela de nuevo a la comunidad global.

El espectador sale de la sesión con una pregunta clavada: ¿cuándo empieza un genocidio y quién decide que lo es?. No basta con admirar la solidez moral de aquel juicio; la película, como el propio proceso, obliga a preguntarse si hoy seríamos capaces de sentar en el banquillo a nuevos culpables, aunque todavía lleven traje, cargo y razón de Estado.