El juicio de Nuremberg marcó un antes y un después: por primera vez, el mundo decidió que ciertos crímenes no podían quedar encerrados entre las fronteras de un Estado, ni ocultos tras la coartada de la soberanía nacional. Hasta entonces, sólo los países juzgaban a sus propios ciudadanos; después de Nuremberg, los crímenes de lesa humanidad quedaron grabados como delitos contra todos, cometidos sobre territorios y poblaciones que ya no eran sólo “de alguien”, sino de la Humanidad completa.
Por eso los jerarcas nazis se convirtieron en los primeros criminales en sentarse formalmente ante un tribunal internacional, mientras otras figuras históricas –como el rey Leopoldo II de Bélgica, nunca juzgado por el genocidio en el Congo que trató como propiedad privada– quedaban en un inquietante contraste que la película deja resonar en silencio. La cámara en este caso nos recuerda que el Derecho llega tarde y a veces elige a quién alcanza.
En ese escenario, Hermann Göring aparece como el gran acusado: el número dos de facto del régimen, obligado a responder por el patrimonio de horror que Hitler, Himmler y Goebbels habían evitado confrontar tras sus suicidios en el búnker. Ni su astucia, ni su carisma sombrío, ni su dominio de la palabra le bastan para esquivar la condena a muerte que el tribunal dicta sobre él y sobre buena parte de la cúpula nazi, con penas que van desde la horca hasta la cadena perpetua.
La película subraya con detalle algo que también fue crucial en el proceso real: la necesidad de que el juicio fuera visto como legítimo, no como una simple venganza de los vencedores. Los jueces de Estados Unidos, la Unión Soviética, Francia y el Reino Unido actúan con la sombra del Tratado de Versalles sobre los hombros: saben que la humillación y las reparaciones desproporcionadas alimentaron la crisis económica, la inflación y el resentimiento que alumbraron el Tercer Reich y, con él, el genocidio judío y la Segunda Guerra Mundial.
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